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17th of November 2018

Economía



La banca no podrá deducirse en Sociedades el impuesto de las hipotecas - EXPANSION

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, hoy tras la reunión de Gabinete de Pedro Sánchez. MONCLOA

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes paguen este impuesto en las hipotecas, cuyo pago no podrán deducirse.

El Consejo de Ministros, cuya reunión se ha adelantado un día al ser mañana festivo en Madrid, ha dado luz verde Real Decreto Ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que para sean los bancos y no los clientes quienes asuman este tributo, después de que el Tribunal Supremo fallara que sean los clientes quienes asuman este gasto.

"La compra de una vivienda debe contar con total seguridad jurídica", ha señalado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, tras la reunión semanal del gabinete de Pedro Sánchez. "Esta medida se adopta para expresar con toda contundencia y claridad que el impuesto lo paga la banca", ha añadido.

El real decreto ley (RD) contempla también que las entidades financieras no puedan deducirse el tributo que a partir de ahora tendrán que asumir. Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el RD contempla una modificación del artículo 29 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca quien lo pague, y modificará el artículo 25 de la norma de Impuestos de Sociedades para dicho coste sea "no deducible".

La ministra explicó que el Gobierno ha actuado tras la "gran alarma social" y la "inseguridad jurídica" generada por el Tribunal Supremo con la sentencia que obligaba al cliente a seguir pagando el tributo. "Lamentamos el cambio de criterio", ha dicho, añadiendo que persigue "garantizar la seguridad jurídica" con la reforma de la norma.

Pide a ERC y PDeCAT que apoyen los Presupuestos

Más allá del IAJD, Celáa ha emplazado durante la rueda de prensa a las fuerzas independentistas a apoyar los PGE y no los vinculen al desarrollo del procés. "Qué tiene que ver el incremento del salario mínimo a 900 euros al mes, que va a ayudar a muchas familias, con la suerte que puede correr el procés, que está en manos del Supremo", ha dicho la vicepresidenta.

"Seguimos haciendo una llamada importante a las fuerzas políticas para que entren a negociar las cuentas, llamada a la política y la responsabilidad de las fuerzas independentistas catalanas que apoyaron la moción de censura, que gravitaba sobre dos elementos, trabajar contra la corrupción y hacer un cambio para España", ha apuntado la portavoz.

Exhumación de Franco

En la reunión de hoy también se ha abordado el comienzo de la segunda fase del procedimiento administrativo para la exhumación de Franco: la petición del Ministerio de Justicia al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial del proyecto de exhumación y un informe de sanidad mortuoria a la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional de Madrid tendrá un mes de plazo para realizar este informe y, después de esto, hay otra fase para que la familia de Franco pueda presentar alegaciones.

Eleva las sanciones por negligencia a las concesionarias

El Gobierno también ha dado luz verde a otro real decreto ley de medidas urgentes en materia de carreteras, así como el Plan para proteger la salud frente a las pseudoterapias.

En virtud de la primera de las medidas, se refuerzan las sanciones a concesionarias en el caso de que, por negligencia en el mantenimiento de las vías, se causen "perjuicios significativos" a los usuarios como los registrados en el primer fin de semana de este año, cuando una nevada atrapó a decenas de conductores en la AP-6, ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Para ello, situaciones de bloqueo de las autopistas como el ocurrido en dicha autopista a comienzos de enero de 2018 durante la operación retorno de las vacaciones de Navidad, pasarán a considerarse como una infracción muy grave.

Según la Ley de Carreteras, estas infracciones conllevarán multas de hasta 300.000 euros, frente a la sanción de 31.200 euros que se impuso a la concesionaria de la AP-6, una filial del grupo Abertis, a partir del régimen de infracciones y multas vigente hasta ahora.

El endurecimento de la sanción se aprueba a través de un Real Decreto Ley por el se modificará la Ley de Carreteras y permitirá prohibir el tráfico de camiones por determinadas carreteras nacionales.

Además, en virtud de esta modificación, se habilitará a Seitta, una empresa pública de Fomento, para que gestione y cobre el peaje de las nueve autopistas de peaje rescatará y agilizará los trámites de expropiaciones para obras de carreteras.

Ayudas de la PAC

Asimismo, el Gobierno prevé abonar 4.950 millones procedentes de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) en 2019 y ha aprobado la modificación de cuatro reales decretos referidos a la aplicación de esa política en España. Dichas ayudas, se podrán solicitar entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019.

El resto de cambios normativos aprobados, según ha señalado Celaá, pretenden reforzar la prevención de posibles abandonos de pastos para evitar que pueda haber beneficiarios de ayudas que posteriormente dejan esas tierras. Además, se flexibilizan "determinados aspectos" de las ayudas para favorecer especialmente a los jóvenes agricultores.

La portavoz ha indicado que estos cambios se justifican ante "nuevos reglamentos" comunitarios de la PAC, por lo que "la política agraria española tiene que adaptarse a la europea".

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